Son abrumadores los datos que sugieren que España se encamina hacia un fin de ciclo político. Nunca como ahora se había dado una percepción tan altamente extendida de desafección política, a consecuencia de la gestión de la crisis y del desánimo que provoca la reiteración de episodios de corrupción. Es por ello que PP y PSOE están experimentando significativas y quizás irreversibles pérdidas electorales, a decir de algunas encuestas, además de que, sin llegar al extremo de otros países europeos donde, por idénticos motivos reverdece el populismo, la xenofobia o el nihilismo, emergen opciones políticas de nuevo cuño. Asistimos, pues, a una insólita crisis de legitimidad de las instituciones políticas y representativas.
Pero nos equivocaríamos si pensásemos que la desazón que ha provocado la crisis tiene su origen exclusivamente en la falta de pericia de nuestros gobernantes o en las reformas estructurales y dolorosas medidas antisociales propias del recetario neoliberal imperante. Porque, más allá de eso están los déficits democráticos y el obscurantismo de nuestro modelo de gobernanza económica ejecutado, por un lado, por una troika de rostro desconocido, una élite de tecnócratas que ostenta una hegemonía tal que le permite hacer y deshacer a su antojo, forzando cambios de Gobierno en Grecia e Italia, impidiendo referendos en Grecia o imponiendo reformas constitucionales en España. Y, por otro, por un Ejecutivo español que gobierna a golpe de decreto ley y anula a diario el poder legislativo, con la complicidad de un TC cuyas extemporáneas resoluciones llegan cuando se han materializado sus efectos y que se muestra en exceso deferente a la hora de interpretar la concurrencia de supuestas causas de urgencia y necesidad.
Por otra parte, como se ha dicho, no hay duda que la ética pública pasa por el peor momento en democracia. Los escándalos de corrupción no sólo están adquiriendo una gran relevancia mediática, sino que están contribuyendo a erosionar la credibilidad del sistema político y, en general, de la res pública. La mayoría de episodios conocidos constituyen fenómenos insidiosos que suponen expolio del patrimonio público: se basan en el ofrecimiento y la recepción de sobornos a cambio de contraprestaciones; en el despilfarro y la mala asignación de fondos y gastos públicos; en el tráfico de influencias; y otras transgresiones graves como la financiación ilegal de partidos políticos. Pero resulta tan dañino para la imagen de los partidos y de las instituciones estos hechos como su aparente impunidad vía indulto, beneficios como el aforamiento o el limbo penal de la financiación irregular de partidos. Por ello, aunque es plausible, como afirmaba Paloma Biglino en estas mismas páginas, que sea dudoso plantear estos casos como un problema de la democracia, teniendo en cuenta que cualquier cargo público puede caer en conductas ilícitas, y que deben proponerse medidas de robustecimiento de nuestro ordenamiento jurídico, no es menos cierto que la causa eficiente de la corrupción, percibida como un ataque a los fundamentos que rigen la convivencia social, como una gravísima contravención de las reglas éticas y jurídicas que genera por su recurrencia una sensación insufrible de que la política es el arte del engaño, no se halla no sólo en la avidez de unos cuantos políticos o funcionarios sino también en la tupida red de búsqueda de favores indebidos que supone el coste exponencial de las campañas electorales y de la actividad cada día más onerosa de los partidos políticos, además de los mecanismos que estos proveen para garantizarse la impunidad en muchos casos.
En suma, como señalaba Javier Tajadura, la crisis de legitimidad del sistema tiene mucho que ver con el funcionamiento oligárquico de los partidos políticos, el profundo distanciamiento de los programas partidistas de su base militante; la pérdida de ideología que originó su organización como estructura; el diseño de estrategias de mera competencia electoral o de simple captación de votos, que muchas veces, ni siquiera son fieles en elecciones consecutivas; y la utilización, en definitiva, de estas organizaciones como «puentes» al poder, para la provisión de cargos y la obtención de prebendas, dejando de lado la acción colectiva propia de los primeros años de la democracia.
Es ante esta realidad que no debe extrañar que muchas demandas de la ciudadanía que no se ven satisfechas se reconduzcan a través de nuevas expresiones políticas que abanderan la crítica al fracaso de los partidos tradicionales (a los que se denomina “la casta”, con un término de reminiscencias michelianas). Y que, incluso, a la lumbre de algunas encuestas éstas estén en condiciones de disputar el Gobierno al bipartidismo hegemónico desde 1977, pese a los fuertes resortes, como el sistema electoral, que anclan vigorosamente el bipartidismo.
En este marco, PP y PSOE acordaron inicialmente trasladar al Parlamento el grueso de las medidas de regeneración democrática propuestas por el Gobierno. Ulteriormente, ante las detenciones de la Operación Púnica, el PSOE se apartó de dicho compromiso pretextando que el PP quería utilizar dicho pacto para “esconderse y esconder sus vergüenzas”. Ya se verá. Pero, por lo pronto, todas esas medidas dejaban de lado la madre de todos los problemas: el “poder” dentro del Estado ha recaído de forma asfixiante en manos de unos partidos que hace años monopolizan el acceso de los individuos al Estado y la representación del interés general. Y ese Estado de partidos es reflejo de cómo las élites políticas utilizan a los partidos para sus intereses privados, enmascarados como ideologías. Así lo afirmaba el estudio sobre la integridad política institucional en España realizado por Transparencia Internacional en 2012, para el que la clave radica en que “el marco institucional de la democracia española prima la búsqueda de la gobernabilidad sobre la garantía de representatividad, aunque, en la práctica, eso no garantiza que los Gobiernos sean eficaces”. En otras palabras: hoy por hoy, contra el signo de los nuevos tiempos, las oligarquías dirigentes son los únicos actores de la soberanía y tienden al control efectivo de todas las instituciones del Estado.
