Eduardo Galeano

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miércoles, 24 de diciembre de 2014

Las élites políticas utilizan a los partidos para sus intereses privados




Son abrumadores los datos que sugieren que España se encamina hacia un fin de ciclo político. Nunca como ahora se había dado una percepción tan altamente extendida de desafección política, a consecuencia de la gestión de la crisis y del desánimo que provoca la reiteración de episodios de corrupción. Es por ello que PP y PSOE están experimentando significativas y quizás irreversibles pérdidas electorales, a decir de algunas encuestas, además de que, sin llegar al extremo de otros países europeos donde, por idénticos motivos reverdece el populismo, la xenofobia o el nihilismo, emergen opciones políticas de nuevo cuño. Asistimos, pues, a una insólita crisis de legitimidad de las instituciones políticas y representativas.
Pero nos equivocaríamos si pensásemos que la desazón que ha provocado la crisis tiene su origen exclusivamente en la falta de pericia de nuestros gobernantes o en las reformas estructurales y dolorosas medidas antisociales propias del recetario neoliberal imperante. Porque, más allá de eso están los déficits democráticos y el obscurantismo de nuestro modelo de gobernanza económica ejecutado, por un lado, por una troika de rostro desconocido, una élite de tecnócratas que ostenta una hegemonía tal que le permite hacer y deshacer a su antojo, forzando cambios de Gobierno en Grecia e Italia, impidiendo referendos en Grecia o imponiendo reformas constitucionales en España. Y, por otro, por un Ejecutivo español que gobierna a golpe de decreto ley y anula a diario el poder legislativo, con la complicidad de un TC cuyas extemporáneas resoluciones llegan cuando se han materializado sus efectos y que se muestra en exceso deferente a la hora de interpretar la concurrencia de supuestas causas de urgencia y necesidad.
Por otra parte, como se ha dicho, no hay duda que la ética pública pasa por el peor momento en democracia. Los escándalos de corrupción no sólo están adquiriendo una gran relevancia mediática, sino que están contribuyendo a erosionar la credibilidad del sistema político y, en general, de la res pública. La mayoría de episodios conocidos constituyen fenómenos insidiosos que suponen expolio del patrimonio público: se basan en el ofrecimiento y la recepción de sobornos a cambio de contraprestaciones; en el despilfarro y la mala asignación de fondos y gastos públicos; en el tráfico de influencias; y otras transgresiones graves como la financiación ilegal de partidos políticos. Pero resulta tan dañino para la imagen de los partidos y de las instituciones estos hechos como su aparente impunidad vía indulto, beneficios como el aforamiento o el limbo penal de la financiación irregular de partidos. Por ello, aunque es plausible, como afirmaba Paloma Biglino en estas mismas páginas, que sea dudoso plantear estos casos como un problema de la democracia, teniendo en cuenta que cualquier cargo público puede caer en conductas ilícitas, y que deben proponerse medidas de robustecimiento de nuestro ordenamiento jurídico, no es menos cierto que la causa eficiente de la corrupción, percibida como un ataque a los fundamentos que rigen la convivencia social, como una gravísima contravención de las reglas éticas y jurídicas que genera por su recurrencia una sensación insufrible de que la política es el arte del engaño, no se halla no sólo en la avidez de unos cuantos políticos o funcionarios sino también en la tupida red de búsqueda de favores indebidos que supone el coste exponencial de las campañas electorales y de la actividad cada día más onerosa de los partidos políticos, además de los mecanismos que estos proveen para garantizarse la impunidad en muchos casos.
Las élites políticas utilizan a los partidos para sus intereses
privados
En suma, como señalaba Javier Tajadura, la crisis de legitimidad del sistema tiene mucho que ver con el funcionamiento oligárquico de los partidos políticos, el profundo distanciamiento de los programas partidistas de su base militante; la pérdida de ideología que originó su organización como estructura; el diseño de estrategias de mera competencia electoral o de simple captación de votos, que muchas veces, ni siquiera son fieles en elecciones consecutivas; y la utilización, en definitiva, de estas organizaciones como «puentes» al poder, para la provisión de cargos y la obtención de prebendas, dejando de lado la acción colectiva propia de los primeros años de la democracia.
Es ante esta realidad que no debe extrañar que muchas demandas de la ciudadanía que no se ven satisfechas se reconduzcan a través de nuevas expresiones políticas que abanderan la crítica al fracaso de los partidos tradicionales (a los que se denomina “la casta”, con un término de reminiscencias michelianas). Y que, incluso, a la lumbre de algunas encuestas éstas estén en condiciones de disputar el Gobierno al bipartidismo hegemónico desde 1977, pese a los fuertes resortes, como el sistema electoral, que anclan vigorosamente el bipartidismo.

En este marco, PP y PSOE acordaron inicialmente trasladar al Parlamento el grueso de las medidas de regeneración democrática propuestas por el Gobierno. Ulteriormente, ante las detenciones de la Operación Púnica, el PSOE se apartó de dicho compromiso pretextando que el PP quería utilizar dicho pacto para “esconderse y esconder sus vergüenzas”. Ya se verá. Pero, por lo pronto, todas esas medidas dejaban de lado la madre de todos los problemas: el “poder” dentro del Estado ha recaído de forma asfixiante en manos de unos partidos que hace años monopolizan el acceso de los individuos al Estado y la representación del interés general. Y ese Estado de partidos es reflejo de cómo las élites políticas utilizan a los partidos para sus intereses privados, enmascarados como ideologías. Así lo afirmaba el estudio sobre la integridad política institucional en España realizado por Transparencia Internacional en 2012, para el que la clave radica en que “el marco institucional de la democracia española prima la búsqueda de la gobernabilidad sobre la garantía de representatividad, aunque, en la práctica, eso no garantiza que los Gobiernos sean eficaces”. En otras palabras: hoy por hoy, contra el signo de los nuevos tiempos, las oligarquías dirigentes son los únicos actores de la soberanía y tienden al control efectivo de todas las instituciones del Estado.

lunes, 1 de diciembre de 2014

'¡Crear o morir!'




Como hace siempre Oppenheimer, sus argumentos están sustentados por informaciones objetivas irrefutables. Por ejemplo, expone los datos del Registro de Marcas y Patentes de Estados Unidos. En 2014, Estados Unidos registró 147.000 patentes; Japón, 54.000; Alemania, 17.000; Corea del Sur, 16.000 e Israel, 3.200. A una distancia sideral aparecían España, con apenas 800, y toda América Latina, con 1.600. Iberoamérica, por tanto, está a la cola de la innovación.
¿Por qué sucede esto? "Porque en Latinoamérica diez millones de jóvenes quieren ser como Messi y nadie quiere ser el próximo Premio Nobel de Física", cuenta Oppenheimer desde Nueva York. "Los países latinoamericanos tenemos un serio problema. Nos estamos quedando atrás en un mundo en el que el trabajo mental es más importante y el manual lo es menos"
 Entre otros factores, Oppenheimer destaca que los innovadores florecen en las culturas que admiran la innovación. "Puede parecer algo de Perogrullo, pero no lo es cuando observamos qué sucede en los países latinoamericanos", explica el autor, que reclama a los gobiernos y a los empresarios que desarrollen más incentivos para los investigadores. "Tenemos que crear una cultura de admiración hacia el innovador, no odiarlos", recalca.

Y es que en la cultura latina, el fracaso, una característica propia de cualquier innovador, está muy mal visto. Lo contrario que sucede en otras latitudes. "Los hermanos Wright fracasaron 163 veces antes de lograr volar; el Ford T se llama así porque Ford fracasó en sus modelos A, B, C, etc...", recuerda Oppenheimer. "Ahora, en Silicon Valley admiran a los que fracasan porque allí saben que las mejores innovaciones son el último escalón de una gran cadena de fracasos".
Dicho lo anterior, parecería que España y los países latinoamericanos no tienen ninguna esperanza y se quedarán para siempre en el pozo de la innovación. ¿Es así? Pues según Oppenheimer, todo lo contrario. "Soy muy optimista", sorprende el autor. "Hace 40 años, Singapur o Corea del Sur eran países mucho más pobres y corruptos de lo que es ahora nuestra región, y sin embargo, se han convertido en uno de los que más patentes registran hoy en día, lo que demuestra que las culturas se pueden cambiar con cierta facilidad. Los países son como las personas, se les puede dar la vuelta con una rapidez impresionante. Es cuestión de hacer campañas públicas para que todo el mundo se dé cuenta de que tenemos que reinventarnos. En el mundo que viene, probablemente no valdrá aquello de 'quiero el mismo trabajo para toda la vida'. Hay que estar prepadado, hay que mejorar la educación, la cultura, fomentar leyes para los emprendedores y globalizar la innovación. Si nos ponemos las pilas, España y América Latina tienen mucho futuro".

martes, 25 de noviembre de 2014

Prestamistas ó bancos que mas da.





AQUÍ, mientras la noticia sigue siendo la mierda inagotable, los salarios insalubres, los jóvenes que huyen, el absurdo Nicolás y su alforja de sandeces, la gente estafada y los golfos intocables, una mujer de 85 años es expulsada de su casa de Vallecas como si fuese cartonaje. Carmen Martínez Ayuso, de 85 años, ha perdido su piso de siempre por la deuda de su hijo con un particular. Resulta increíble que a estas alturas no tengamos nada previsto para evitar quebrarle el sueño a una anciana y dejarla abandonada en la puta, indiferente y fría calle, con su bastoncito de sujetarse el miedo. Esto también es violencia. Y violencia de género.
A esta mujer que sólo sabe ser pobre le están aplicando un máster rápido en miseria. Da cierta vergüenza bajar al entresuelo de estas cosas, pero es que estas cosas aún ocurren. Queremos estar en la pomada y fingir la Marca España (y otras tantas idioteces) mientras seguimos echando viejos por los balcones como un escombro de ojos que lloran solos. Cuando la ley ampara a un tío para sacar de su piso a un viejo estamos ante una mierda de ley y ante un remiendo de tío. Aquí la lección la han dado los de la PAH y los del Rayo Vallecano, que han salido a darle amparo. Ése es el fútbol que mola. Carmen es de Vallecas y entre las gentes del barrio existe aún cierta nobleza. El Rayo también es pobre, pero sabe que el miedo de esta mujer espantada es un rasgo de dignidad y no un lamento mendicante.
El Rayo pagará un piso donde alojarla más por compromiso que por caridad, mientras el Ayuntamiento de Madrid esquiva este marrón humanitario ocupado en lañar las grietas dejadas dentro por los corruptos que albergó o que aún protege. Carmen pertenece a ese lugar callado de la vida que es la vejez, donde los solos se van quedando más solos. La vida les está durando más que la biografía y eso no gusta ni a las inmobiliarias ni a los desaprensivos. Su sucia burocracia acorta la vida que la ciencia alarga. Para ellos un viejo es un piso súbito y no ese patriarca (o matriarca) que da sombra de sabiduría. Son los grandes de la tribu los que nos enseñan tantas veces a ser jóvenes. Pero hay hijos de puta dispuestos a talarlos porque ya no son rentables. Aquí se mitifica cínicamente la juventud, porque es un mercado incesante, mientras se desconecta civilmente a los viejos. Y ese cruento trapicheo se nos nota. Arrebatarle a un viejo su casa es desguazarlo prematuramente y en crudo. Ellos, con los pies en su brasero, son el velamen de nuestra memoria antepasada. Esa erudición de tiempo ido bajo el solete de invierno. Y el Rayo lo sabe.



martes, 11 de noviembre de 2014

ESCÁNDALO: Los “sátrapas” de Bruselas aprobaron, para sí mismos, jubilación a los 50




ESCÁNDALO: Los “sátrapas” de Bruselas aprobaron, para sí mismos, jubilación a los 50

En Bruselas no hay pozos de petróleo, pero como si los hubiera, nadan en dinero (el nuestro).
ESCÁNDALO: Los “sátrapas” de Bruselas han aprobado, para sí mismos, la jubilación a los 50. ¡Viva la Europa de los ladrones! - La jubilación a los 50 para los funcionarios de la Unión Económica Europea ha sido aprobada con pensiones mensuales de 9.000€. ¡Es normal que no quede nada para nosotros! Habréis notado que los políticos tienen un gran interés por entrar en la Administración Europea , ¿por qué? ... Muy simple, este año 340 funcionarios se jubilan con 50 años y una pensión vitalicia de 9.000€ mensuales (no es una coña, son 340 jubilados x 9.000€/mes x 12 meses x 40 años = 1.468.000.000€ que tendremos que pagar nosotros y nuestros hijos). Y esto es solo una muy pequeña parte.
De este modo dejan sitio a nuevos funcionarios de los países que últimamente han entrado en UE (Polonia, Malta,… todos tienen derecho a un trozo de teta). ¿Quién paga esto? Nosotros, que hemos trabajado y contribuido para lograr una pensión vergonzosa, mientras que los que hacen las leyes se hacen regalos como este. La diferencia entre ellos –los dioses del Olimpo- y nosotros –los currantes- es ya demasiado importante, abusan de nosotros y nuestra paciencia de forma desvergonzada.
ESTOS ALTOS FUNCIONARIOS DE BRUSELAS SON UNA VERDADERA MAFIA. Los tecnócratas europeos disponen de unas pensiones que ni siquiera los parlamentarios tienen, que ya es decir.
Giovanni Buttarelli, controlador adjunto de protección de datos, tendrá derecho a una pensión de 1,515€ mensuales tras 1 año y 11 meses de servicio. Más que un ciudadano corriente tras 40 años de cotización. Su colega, Peter Hustinx, después de 10 años de servicio obtendrá una pensión de 9.000€ mensuales. Es sencillo, nadie les pasa cuentas y hacen lo que ellos quieren.
Roger Grass, procurador en el Tribunal Europeo, se marcha con 12.500€ mensuales. Pernilla Lindh, juez de tribunal de primera instancia, 12.900€ al mes. Ruiz-Jarabo Colomer, español, abogado general, 14.000€ al mes. Podéis ver una lista en francés en:http://www.sauvegarde/% <http://www.sauvegarde/%20retraites.org/docs/Retraite_Hauts_fonctionnaires_europeens_Annexe_3_Etude_27.pdf> 20retraites.org/docs/Retraite_Hauts_fonctionnaires_europeens_Annexe_3_Etude_27.pdf <http://20retraites.org/docs/Retraite_Hauts_fonctionnaires_europeens_Annexe_3_Etude_27.pdf____>
En esa lista aparece un tal Jacques Barrot ( 73 años) con una pensión de 4.728,60 € por 5 años como comisario europeo de transportes. A esa hay que añadir su pensión como antiguo diputado en Francia, la de ex ministro, la de ex presidente del Consejo General de la Haute Loire , la de alcalde de Yssingeaux y, como corona final, el 23 de febrero de 2010 lo nombraron miembro del Consejo Constitucional. Es como si, en la misma jornada, te tocara la lotería, el euromillón, el bonoloto y la quiniela.
Para ellos, solo con 15 años de servicio, 70% de su último salario como pensión, además de poder acumular pensiones. Nosotros hemos de trabajar 40 años (dentro de nada serán 42) y cobramos menos. El sistema de pensiones además dicen que está en quiebra (meter miedo para rebajarlas), cada vez nos piden que trabajemos más años para tener derecho a una exigua pensión, pero para ellos con 15 años basta y además se ponen pensiones millonarias y varias.
Se están burlando de nosotros en la cara, nos están ordeñando. Antes eran solo los miembros de la Comisión Europea , ahora hay que sumar jueces, abogados, procuradores, mediadores, controladores,… toda una caterva de sanguijuelas. Y lo mejor:NO COTIZAN UN CÉNTIMO, PAGAMOS NOSOTROS.
Todos ellos ocupan esos puestos para asegurar que “se cumplan las leyes”, que “los costes sean lo más bajos posible”… ¡Bonito ejemplo! Y además nos dan lecciones sobre presupuestos, nos juzgan, crean directivas para ahorrar,… Yo creo que es una provocación.
Deberíamos tomar medidas o no nos quedará nada. Recuerdo a nuestros antepasados en la Edad Media , tenían un rey o un señor feudal que les agobiaba con impuestos. Si no pagaban podían perder una mano, o un hijo, o una vaca. Creo que tenían suerte, los de ahora no necesitan usar ese tipo de violencia tan escandalosa, basta con hacer una ley que les permite entrar en tu cuenta y sacarte el dinero sin avisarte, o cargarte un recargo del 300% por algo que no has pagado a tiempo.

miércoles, 22 de octubre de 2014

Por mi parte como si le roban la corona al Rey.

Por mi parte como si le roban la corona al Rey.





Veamos:
 si cualquiera puede acercarse de esta forma al Rey, támbien le podrian pegar dos tiros;
 Esto de muestra la incompetencia del Ministro de Interior y de su panda de consejeros que no estan a ninguna altura, ni de circunstancias ni de trabajo, siguen actuando a su antojo, sin importarles las consecuencias de sus actos, es una representación más de su inutilidad, por eso tendrian que dimitir.


El 75% del Gobierno Aznar está imputado, cobró
 sobresueldos o                                                                                           duerme en prisión

El presidente y once de los 15 ministros del penúltimo Gabinete 

DEL PP EN LA ÉPOCA DEL PRESIDENTE DE FAES ESTÁN EN LA CÁRCEL,

 IMPUTADOS O FIGURAN EN LA CONTABILIDAD DEL PP INVESTIGADA EN

 EL 'CASO BÁRCENAS' POR PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL.

Mientras el PP tenga mayoría absoluta, no habrá una comisión de investigación en el Congreso sobre el uso de las tarjetas black. Los conservadores se han vuelto a negar a esta propuesta de la Izquierda Plural durante la Junta de Portavoces de este martes. Según los asistentes a la reunión, el debate no ha durado ni un minuto.


La investigación judicial del caso Bankia marca un antes y un después en la política española. Los partidos que tuvieron representantes en Caja Madrid están tomando medidas en las que valoran mucho la necesidad de mostrarse reactivos. Recientemente el PSOE expulsó sumariamente a una decena de afiliados que habían desempeñado cargos en esa entidad y usado sus tarjetas opacas, y ahora una persona de tanta relevancia en el Partido Popular como Rodrigo Rato ha pedido la suspensión de militancia. Todo esto contribuye a crear la sensación de que la corrupción y las prácticas abusivas se extienden inconteniblemente, cuando la realidad es que se trata de un ajuste de cuentas con el pasado.
Lo positivo es que todo esto apunta una línea más dura no solo contra la corrupción, sino respecto de prácticas que, delictivas o no, deberían haber sido aclaradas por los partidos, incluso a través de vías parlamentarias. Que Rato se aparte del PP no quiere decir que se hayan resuelto las presuntas implicaciones de este partido en la corrupción: el juez del caso Bárcenas llama ahora a declarar como imputado a Ángel Acebes, ex secretario general del PP, en la investigación por una pieza separada del caso Gürtel —que, por cierto, lleva seis años en tramitación—.Personas de relevancia en la esfera pública no pueden esperar comprensión social cuando se ha sabido que derrochaban el dinero en extravagancias o gastos suntuarios mientras se perdían los ahorros de decenas de miles de clientes en operaciones de alto riesgo de las cajas de ahorros. Pero es verdad que pueden cometerse injusticias al no distinguir suficientemente entre la responsabilidad de quienes construyeron el sistema que ha permitido las prácticas abusivas o fraudulentas y la de los que lo continuaron; entre quienes eran conscientes de que estaban recibiendo dinero negro y los que no. La investigación judicial debe aclararlo. Pero la gente ya no soporta la espera de sentencias definitivas, ni siquiera aguarda la imputación formal de los implicados. Se entienden los motivos, aunque no deja de inquietar la despreocupación por el derecho a la defensa.
La presión social sobre la política no se acompasa con los progresos de una maquinaria judicial tan inexorable como lenta. En vísperas de un año electoral, la ejemplaridad en la esfera pública ha pasado a ser un valor esencial.

sábado, 11 de octubre de 2014

El ébola, y la seguridad.




Las noticias que nos llegan indican que las precauciones para evitar el ébola en Madrid eran mejorables, pero no es momento de desviar la atención buscando culpables. Ahora, es necesario contener y evitar la expansión de la enfermedad. La pregunta es: ¿quiénes son los expertos al cargo y cómo se han elegido? España cuenta con profesionales internacionalmente reconocidos en todos los campos de la salud y este es el momento de utilizarlos. Debe dejarse la dirección del problema a los mejores expertos, incluyendo a los que puedan tener experiencia previa en manejo de situaciones similares. Los políticos deben dejar a un lado su tendencia a preferir personas fieles o afines, en aras de la ahora imprescindible eficacia, y dejarles hacer sin interferir. Además, se les debe proporcionar los medios ya que esta situación no permite recortes de ningún tipo. Deben considerar pedir colaboración al Centro para el Control de Enfermedades de EE UU, la mayor autoridad mundial en este tema, sin duda encantada de ayudar. No podemos fallar.
Para ponerse y quitarse el traje no hace falta hacer un máster. Para ser consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid no hace falta ni un máster, ni dos dedos de frente, ni un ápice de vergüenza. Para ser auxiliar de enfermería en un hospital público madrileño hace falta mucho coraje.
Excalibur ha sido sacrificado. Ahora tendremos que buscar a sus “amigos del parque”, a sus propietarios y familiares directos, al veterinario que le atendía, a todas las mascotas que compartían servicios clínicos, al conserje de la vivienda de sus propietarios, etcétera. Así hasta que erradiquemos la enfermedad. ¿Excalibur dio positivo? ¿No hubiese sido más interesante ver la posible evolución del virus en el perro? ¿Están controlados todos los perros que merodean por las aldeas de Sierra Leona? Señores del Gobierno, sean serios en sus decisiones.
Resulta conmovedor ver cómo la gente se ha movilizado para salvar a un perro que podría estar contagiado por ébola. Hemos hecho que arda Twitter con SalvemosaExcalibur y hemos conseguido recoger más de 316.000 firmas de apoyo. De repente todos somos defensores de los animales. ¿Cómo hemos podido llegar a tales niveles de hipocresía? Nos hemos dejado la piel para intentar salvar a un perro, algunos incluso literalmente al oponerse al sacrificio en la puerta de la vivienda y salir malparados. Cada día mueren y se sacrifican perros, por no hablar de los elevados niveles de abandono. Si de verdad queremos solidarizarnos contra las causas injustas, podríamos actuar y presionar a todos y cada uno de los Gobiernos para que enviasen a África las ayudas y los medios necesarios para combatir eficazmente el virus. Medios de los que nosotros disponemos pero que no compartimos con ellos y que salvarían cientos de vidas humanas.

miércoles, 1 de octubre de 2014

Los esclavos modernos, se creen todavía ciudadanos.




Creen votar y decidir libremente quién conducirá sus asuntos, como si aún pudieran elegir
Pero, cuando se trata de escoger la sociedad en la que queremos vivir, ¿creen ustedes que 
existe una diferencia fundamental, entre la 
socialdemocracia y la derecha populista en
 Francia, entre demócratas y republicanos en Estados Unidos y entre laboristas y conservadores en el Reino Unido? No existe ninguna oposición, puesto que los partidos políticos dominantes están de acuerdo en lo esencial: la conservación de la presente sociedad mercantil.

Ninguno de los partidos políticos que pueden acceder al poder pone en  entre dicho el dogma del mercado. Y son esos mismos partidos los que, con la complicidad
mediática, acaparan las pantallas; riñen por pequeños detalles con la esperanza de que todo siga igual; se disputan por saber quién ocupara los puestos que les ofrece el parlamentarismo mercantil. Esas pobres querellas son difundidas por todos los medios de comunicación con el fin de ocultar un verdadero debate sobre la elección de la sociedad en la que queremos vivir. La apariencia y la futilidad dominan sobre el profundo enfrentamiento de ideas. Todo esto no se parece en nada, ni de lejos, a una democracia.
La democracia real se define en primer lugar y ante todo por la participación masiva de
 los ciudadanos en la gestión de los asuntos de la ciudad. Es directa y participativa.
.Encuentra su expresión más autentica en la asamblea popular y en el dialogo
permanente sobre la organización de la vida en común. La forma representativa y
parlamentaria que usurpa el nombre de democracia limita el poder de los ciudadanos al
simple derecho de votar; es decir, a nada.
 Escoger entre gris claro y gris oscuro no es una elección verdadera
Las sillas parlamentarias son ocupadas en su inmensa mayoría por la clase económicamente dominante, ya sea de derecha o de la pretendía izquierda social demócrata.

No hay que conquistar el poder, hay que destruirlo. Es tiránico por naturaleza, sea

ejercido por un rey, un dictador o un presidente electo La única diferencia en el caso de la “democracia” parlamentaria es que los esclavos tienen la ilusión de elegir ellos mismos al amo que deberán servir. 
El voto los ha hecho cómplices de la tiranía que los oprime
Ellos no son esclavos porque existen amos, sino que los amos existen porque ellos han elegido mantenerse esclavos.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

La desconfianza del aforamiento y de sus privilegiados.







 Si bien, en un comienzo, el aforamiento de determinadas personas, en función de su cargo, tuvo un sentido histórico positivo (entre otras cosas se buscaba garantizar la separación de poderes), el tiempo ha demostrado que la razón de existir de dicha institución de carácter procesal carece de cualquier justificación en la actualidad. Además, compromete seriamente a otros principios y derechos de mayor calado democrático como son el de igualdad ante la Ley, el derecho al juez natural o el derecho a la doble instancia. En cualquier caso, cada país es un mundo, y en cada mundo esta innecesaria institución procesal genera unas disfunciones diferentes, pero todas complican su encaje en los ordenamientos modernos.
El aforamiento –en los términos en que se viene utilizando actualmente y respecto de la discusión que se ha abierto sobre su necesaria reforma o supresión– implica una alteración, de carácter legal, de las reglas procesales de competencia, atribuyendo a un juez distinto del natural la facultad para entender de aquellos procesos penales que se sigan en contra de determinadas personas por razón de su cargo.
En la actualidad, si podemos confiar en las cifras que da el ministro de Justicia, contamos con un total de 17.621 personas con distintas clases de aforamiento, lo que representa un auténtico problema, no solo por la cantidad sino por lo que ello significa dentro de la estructura de lo que debe ser un Estado Democrático y de Derecho.
Ante el debate abierto en torno a esta institución procesal, especialmente desde la abdicación de Juan Carlos I, Gallardón ha propuesto limitar el número a un total de 22 centrándolo en los " titulares de los poderes del Estado: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas".
Partiendo de que el ministro incurre, seguramente de forma consciente, en un error semántico –los únicos titulares de los poderes del Estado son los ciudadanos–, es claro que una reforma de estas características, que no pretende más que reducir el número de aforados, no soluciona el auténtico desfase jurídico y político que el aforamiento representa.
En el moderno entendimiento del Derecho, y de lo que ha de ser la estructura de un Estado, no se termina de comprender la necesidad de aforar a nadie, entre otras cosas, porque dicha previsión legal solo ha servido para generar auténticas disfunciones legales que conllevan, primero, un privilegio y, luego, una merma de derechos.
El privilegio proviene de la alteración de las reglas de competencia y de la radicación de estos procesos en órganos jurisdiccionales que, en virtud de nuestro actual ordenamiento, son más proclives a estar políticamente orientados. Recordemos que, dependiendo de la posición que ocupe el aforado, serán competentes para entender de sus causas bien los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia bien el Tribunal Supremo, y todos sabemos cómo se designa a los titulares de dichos órganos.
La merma de derechos procede, en los escasos supuestos de condena, de la imposibilidad de acceder a una segunda instancia revisora, si el caso es enjuiciado por el Tribunal Supremo. Es decir, el reverso de la moneda de esta figura solo lo verían aquellos que finalmente terminen condenados.

Todos aquellos que cumplen algún tipo de función pública no sólo han de ser responsables de sus actos, sino que, además, en caso de incurrir en algún tipo de responsabilidad, los hechos deberían esclarecerse ante su juez natural y, si me apuran, por sus iguales, los ciudadanos a través del Tribunal del Jurado. Esos ciudadanos a quienes los aforados dicen representar o en cuyo nombre ostentan el poder del que, para verse imputados, han hecho mal uso.
La propuesta de Gallardón ha tenido como primera respuesta, en clave interna, la formulada por el fiscal general del Estado, que considera que Jueces y Fiscales han de mantener su aforamiento; es decir, Torres Dulce barre para casa y trata de mantener un privilegio impropio en un moderno Estado de Derecho.
Tal vez Torres Dulce no ha tenido tiempo de hacer un análisis de la situación en otros países de nuestro entorno, pero debería saber que la institución que se pretende reformar y salvar ni tan siquiera es digna de existencia ; no son pocas las democracias sólidas en las que todos los cargos públicos se someten a la Justicia de sus iguales y apuntar en la dirección contraria no parece ni lo más modernizante ni la solución al actual problema que nos afecta.
Defender que jueces y fiscales deban mantener un privilegio como el aforamiento no es más que un síntoma de desconfianza hacia los propios jueces que, por no pertenecer a un determinado alto Tribunal, no estarían capacitados para investigar los hechos que hayan podido, o no, cometer otros jueces o fiscales. Así, no se refuerza la función jurisdiccional y sí se acrecientan las fundadas sospechas que los ciudadanos tienen hacia el poder judicial y, especialmente, hacia determinados órganos jurisdiccionales cuando de investigar y enjuiciar a aforados se trata.
No basta con reducir el número de aforados porque la desconfianza que el aforamiento genera en los ciudadanos se asienta no sólo en el número de privilegiados, sino también, y especialmente, en cómo se configuran los órganos judiciales a los que compete entender de los casos de aforados; dicho en otros términos, no es una cuestión de número sino de confianza democrática en la conformación de los Tribunales encargados del enjuiciamiento de los aforados o del acceso a las plazas en dichos Tribunales. Por tanto, la mejor reforma de la institución pasa por su supresión.
Junto con lo anterior, debemos tener presente que el principio de igualdad ante la Ley, y más concretamente en la aplicación de la Ley, también se ve afectado por esta institución procesal; en la actualidad, por razón del cargo que se desempeña o la responsabilidad que se tiene, no todos somos iguales ante la Ley ni tampoco en su aplicación y, sin duda, con este único argumento bastaría para derogar aquellas normas que regulan el aforamiento.
En España, a diferencia de lo que ocurre en países como Colombia, ser aforado sigue siendo un privilegio impropio de un moderno Estado Democrático y de Derecho y lo que no podemos hacer es continuar manteniendo el mismo sin renunciar a parte esencial de ese carácter democrático. Una auténtica y sólida democracia no necesita aforados sino una justicia ejemplar y ejemplarizante con aquellos que, amparados en la función pública, quiebran y abusan de la confianza que los ciudadanos hemos depositados en ellos.

martes, 12 de agosto de 2014

Las leyes están dictadas por dictadores democráticos.



El problema aquí no es que un juez sucumba a su ideología a la hora de juzgar, no, el problema es que muchas veces están donde están GRACIAS a su ideología, con lo que el señor que los ha colocado ahí lo que quiere precisamente es que ese juez juzgue basándose principalmente en su ideología.
Ese es el problema, que algo que deberíamos evitar se está promoviendo Nos daría igual tener un sistema judicial imparcial y menos politizado si las normas y leyes están dictadas por dictadores democráticos.      
 La independencia judicial está íntimamente conectada al correcto funcionamiento de una sociedad democrática y a los derechos de la ciudadanía. Más allá de su evidente vinculación teórico-política, existe también un nexo jurídico-positivo entre estas nociones. El artículo 24 de la actual Constitución Española establece que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, en el marco de un proceso “con todas las garantías”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es aún más explícita al respecto de esta conexión entre independencia judicial y tutela judicial efectiva en tanto que derecho de todas las personas, al establecer en su artículo 10 que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. 
La independencia judicial no es solo garantía de la tutela de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en procesos judiciales concretos, sino que, más allá de ello, la independencia del Poder Judicial en su conjunto es un presupuesto de la división de poderes y, por tanto, de una comunidad política que limita el poder y minimiza la arbitrariedad de quienes lo ejercen. Los ciudadanos y las ciudadanas necesitan de tribunales independientes, capaces de aplicar la ley de manera neutral y de defender sus derechos frente a los ataques de terceras personas, y en particular de actores más poderosos.
Sin embargo, la percepción generalizada en España es que la judicatura no es independiente. El nivel de confianza de la ciudadanía en la Justicia muestra una situación alarmante. El Eurobarómetro Flash 385, de 2013, mostraba que solo un 34 por ciento de los españoles y las españolas confía en su sistema judicial, muy por detrás del 53 por ciento de media de la UE-28 y, por supuesto, de países como Finlandia o Dinamarca (85 por ciento de confianza). España era el sexto país por la cola de la Unión Europea. Las cifras son similares si nos preguntamos por la percepción sobre la independencia judicial. El World Economic Forum ofrece unos datos interesantes, aunque al estar la encuesta dirigida solo al empresariado adolece de un importante sesgo que, incluso, podría favorecer opiniones más positivas sobre la Justicia. Pese a ello, España obtenía una puntuación media de 3.7 puntos cuando se preguntaba por la independencia judicial, un rotundo suspenso, muy por debajo de la media y lejos del 6.6 de Finlandia, siendo nuestro país el séptimo por la cola. Resulta muy llamativo, por su extraordinaria importancia, lo ausentes que han estado estos datos del debate político en España.
¿Cuáles son las causas de esta desconfianza hacia unas instituciones que, a priori, deberían ser los guardianes de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos? A falta de mayor evidencia empírica, pueden apuntarse una serie de hipótesis. Para empezar, es obvio que el nivel de politización de las altas instituciones de la Justicia en España y el carácter explícito e indisimulado de esta politización proyecta una sombra de duda, a ojos de la ciudadanía, sobre la Justicia en su conjunto. Si bien la literatura en Ciencia Política ha mostrado que prácticamente cualquier alta jurisdicción del mundo responde en cierta medida a líneas de fractura ideológicas o partidistas, la crudeza de episodios en nuestro país como el del Tribunal Constitucional en su sentencia frente al Estatut de Catalunya ha mostrado a la ciudadanía una imagen del tribunal muy alejada de la idea de neutralidad e imparcialidad que se espera de él y que legitima su función en una sociedad democrática. Aunque el Tribunal Constitucional no se incardina formalmente en el Poder Judicial, sí que forma parte del concepto general de “la Justicia” en el imaginario de la ciudadanía. No fue más edificante el descubrimiento, por lo demás sin consecuencias, de que el Presidente del Tribunal ocultó su militancia al partido actualmente en el gobierno. Otras altas instituciones judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial, han vivido episodios similares, junto a casos de abierta corrupción.
Una segunda hipótesis tiene que ver con la parcialidad de clase de la Justicia. La idea de “una justicia para ricos y otra para pobres” está fuertemente arraigada en el imaginario colectivo. Pero cuando la desigualdad crece tanto y tan rápidamente en un país como ha ocurrido en España en los últimos años, el sesgo social de las instituciones judiciales se acentúa. El acceso a la Justicia se vuelve más difícil para un número más alto de ciudadanos y ciudadanas. Frente a ello, que supone como mínimo una erosión del derecho a la tutela judicial efectiva, los poderes públicos no solo se han mostrado inactivos, sino que incluso su actividad ha ido en ocasiones en sentido contrario al que cabría esperar; buen ejemplo de ello ha sido la reforma del acceso gratuito a la justicia que, según denuncia una buena parte del colectivo de abogadas y abogados, dejará a miles de españoles sin acceso a los tribunales.
Una tercera hipótesis, en fin, tiene que ver con la pérdida general de confianza de la ciudadanía en todas las instituciones políticas. La frecuencia e intensidad de los casos de corrupción y la crisis económica, entre otros factores, han desencadenado una fuerte crisis de confianza de las ciudadanas y los ciudadanos en las instituciones del Estado, y la Justicia no podía ser una excepción, máxime cuando por alguno de los motivos arriba apuntados existe una generalizada percepción de colusión de intereses y conductas entre actores e instituciones de los distintos poderes.

domingo, 1 de junio de 2014

Una actitud, de la que carece la derecha española


Seamos serios y, sobre todo, tolerantes. Una actitud, esta última, de la que carece la derecha española, que no es comparable con Europa ni con nadie. Podemos podrá molestar a algunos, pero ha recibido votos de más de un millón de personas y no creo que todos sean tontos. Simplemente quieren salir de este marasmo de corrupción que han creado los antidemocratas que nos quieren gobernar

http://miagar.blogspot.com/2014/05/no-confunda-lo-privado-con-la-privacion.html?spref=pi

lunes, 24 de marzo de 2014

La endogamia Política. El retroceso a la cueva Neandertal.






Dedicado a El Pais.
Estuve en Madrid, en la manifestación de la Dignidad, y pude comprobar por mí mismo la cantidad de personas que allí nos reunimos. No diré que las conté, desde luego, pero sí que el número de manifestantes, llegados de toda España, no eran los que ustedes “aceptan” que fueron, sino muchísimos más. No es mi intención entrar en una guerra de cifras; lo que me sorprende muy desagradablemente es que ustedes, en otro tiempo tan meticulosos en su forma de contar participantes, asuman sin más unas cifras que no se compadecen en absoluto con la fotografía que también publican. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha quedado su credibilidad? ¿No les merecen respeto los centenares de miles de personas que gritamos en Madrid contra unas políticas de las que yo, ingenuamente, creía que ustedes también discrepaban?

Después de haber escuchado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a su segundo, Salvador Victoria, advirtiéndonos sobre el radicalismo de las llamadas Marchas de la Dignidad, el 22-M me asomé a la plaza de Colón. Efectivamente, ambos estaban en lo cierto. En el escenario, unas decenas de voces femeninas empezaban a calentar peligrosamente el ambiente entonando nada menos que el Himno a la Alegría, el Canto a la Libertad, de Labordeta, yNabucco, de Verdi. El miedo me secaba la boca. A mi lado, una señora contaba que venía de Córdoba a protestar porque solo trabaja 55 días al año en la recogida de la aceituna. Otro participante, este de La Rioja, comentaba que uno de sus tres hijos se fue hace unos meses a trabajar a Suecia, y los otros dos, de 33 y 38 años de edad, aún no saben lo que es tener un empleo. Luego vi a una chica en silla de ruedas y a un niño empuñando una pancarta de 10 x 10 centímetros con la palabra ¡NO!, y dentro de la o unas tijeras dibujadas. Salí de allí despavorido. Fue terrible

La verdadera noticia no es otra que la gente de todo el país fue a manifestarse pública y pacíficamente a la capital del país, Madrid, que es el lugar en donde se está más cerca de los que supuestamente actúan como políticos defensores de los derechos de los ciudadanos. La noticia ha dejado de ser una marcha por la dignidad para convertirse en una crónica de sucesos en los que unos cuantos salvajes con la cara tapada y con claros signos de no tener dignidad han convertido una reivindicación en una batalla campal. Hay policías heridos, alborotadores detenidos y muchos maltrechos, pero que no sea esto lo que distorsione la verdad de la manifestación en la que el 99,99% de desplazados fueron a ella para reivindicar unos derechos que ya nos habíamos ganado y que indignamente nos han sido arrebatados por los mismos que con sus actos intentar distorsionar una protesta mayoritariamente popular y ciudadana.

Suarez???
Negoció una transacción con los poderes fácticos del momento para que, pasado un tiempo, volvieran a ser los de siempre los que mandaran (mirad alrededor). La izquierda se lo tragó y, en una actitud pusilánime que buscaba mas resolver problemas personales que de clase, renunció a la ruptura total con el régimen anterior (cuando estuvieron en el poder no juzgaron a ningún franquista).
Hasta en la hora de su muerte ha trabajado contra el pueblo,quitando protagonismo mediático a la gran concentración de trabajadores en Madrid (miren las portadas de la prensa de ayer y hoy).
No tenemos solución.

lunes, 17 de marzo de 2014

Es la espiral del silencio ????







En torno a la palabra violencia circulan tantos intereses, y tan bastardos, que de vez en cuando conviene reflexionar sobre su significado. ¿Es violencia, por ejemplo, que el precio de la electricidad dependa de una subasta? Si tenemos en cuenta que este invierno muchas familias están pasando frío porque no pueden pagar el recibo de la luz, quizá ese tráfico de vatios constituya una forma de violencia atroz, aunque se ejerza desde detrás de una mesa de caoba, oliendo a Armani y con un sello de oro en el dedo anular. Ahora mismo hay muchos bebés amoratados, con bronquitis, muchos bebés y muchos ancianos pasando un frío espantoso debido a los movimientos especulativos de empresas que actúan prácticamente en régimen de monopolio. Esta clase de violencia criminal no está incluida en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero hace mucho daño, a veces mata. Nos escandaliza sin embargo más un contenedor de basura chamuscado. En estos momentos, hay en las cárceles o en las comisarías chicos y chicas detenidos porque sí, por reclamar lo evidente o porque pasaban por allí.
Bueno, en el espacio de una columna cabe lo que cabe, pero sobran ejemplos de violencia institucional. La del precio del gas, sin ir más lejos. También es violencia, creemos, robar el dinero a los contribuyentes para entregárselo a los bancos. O amnistiar a los grandes defraudadores. Un caso de violencia sin límites es la biografía reciente de Blesa, que mientras hundía Caja Madrid se subía el sueldo y estafaba a los pequeños ahorradores, y daba órdenes obscenas desde su Ferrari y sus yates, todo ello sin dejar de matar mamíferos de 400 quilos con su rifle de diez mil euros, obsequio de la casa. Al ministro del Interior le conmueve ver un escaparate roto, pero un escaparate roto, amigos, es una gilipollez comparado con un correo electrónico de Aznar.
¿Por qué una persona, a partir de los 50 años de edad, no tiene posibilidad, si está en el paro, de encontrar un trabajo? Y en el caso de ser afortunado y tener trabajo, es viejo para promocionarse, viejo para que lo valoren, viejo para una mejora salarial; pero no se es viejo para trabajar más horas, para tener movilidad, para asumir responsabilidades, para adaptarse a nuevos métodos y tecnologías, para afrontar nuevos retos...
Y nuestras nuevas generaciones, muy preparadas, siguen incrementando las listas del paro o teniendo que salir de nuestro país para poder trabajar; y el que tiene la “suerte” de tener trabajo aquí, lo es con un salario bajo y los más afortunados con ayuda de sus padres, si pueden. Nos vendría bien un momento de reflexión, de sentido común y de sensatez, que falta va haciendo. Se ha rescatado la economía, según dicen, pero nos están obligando a perder la dignidad.
Me da vergüenza cada día que me levanto enterarme de que ha habido nuevos casos de corrupción. Los medios de comunicación hacen una gran labor para sacar a la luz algunos de ellos, porque me figuro que otros seguirán ocultos. Pero más vergüenza me da tener un Gobierno que nada hace por cortar esta sangría o inmundicia y una oposición que mira también para otro lado, señal de que todos pueden tener algo que callar. Y así, día a día, me encuentro en un país al que no le veo solución con políticas de este tipo. Porque deberían ser ellos, los políticos, los que sacaran por las orejas de su partido a todos los simplemente sospechosos, y su actitud es defenderlos. Hay casos esperpénticos. Y, obviamente, una total impunidad. Y gente que aún aplaude a “sus corruptos”
España está en crisis por falta de meritocracia. Al igual que en el deporte donde destacamos a nivel mundial, se debe alentar la meritocracia a nivel político y empresarial. Solo la eliminación del amiguismo y de la elección a dedo, en todos los órdenes de la empresa y la política, para quedarse así con el más capaz y mejor preparado puede sacar a nuestro sufrido país de la crisis en que está perdido. Y es que en la sociedad española han coexistido los dos platillos de la balanza: meritocracia y amiguismo. Pero en el momento actual ha degenerado tanto el amiguismo que tapa peligrosamente el buen hacer de los méritos españoles hasta el punto de la desastrosa gestión política, que no invierte suficientemente en educación ni en investigación, da la impresión de retrotraer a España culturalmente a los tiempos preconstitucionales, cumpliendo así el sueño de la ultraderecha española.
Solo un cambio radical exigido y demandado por la sociedad española puede desviar esta tendencia para que la meritocracia reine en lugar del puro amiguismo.
Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos; los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa”, escribió Miguel Hernández cuando el levantamiento del general Franco contra el legítimo Gobierno de la República. Hoy, 78 años después, en un barrio de Burgos el pueblo se rebela. El cuerpo social de este país revienta por las costuras harto de corrupción, de injusticia, de desesperanza ante la implacable radiografía: el espectro político desde la izquierda a la derecha, tocado de escándalos y abusos; el Estado de bienestar en derribo (la sanidad, la educación, la dependencia); el paro, imparable; España, malbaratada a los inversores extranjeros; y la Monarquía, supuesto garante y árbitro más allá de las contingencias sociales y políticas, afectada igualmente por la metástasis.
Los políticos, mientras tanto, tratando de ocultar con eufemismos la realidad: para hacer “sostenible” el Estado de bienestar, lo desmantelan. A la emigración de la generación mejor preparada la llaman “movilidad exterior”. Pero el pueblo, que no es tonto y siempre habló en román paladino, ha dicho basta. Ha sucedido en el barrio de Gamonal en Burgos. Atención, poderosos: este no es un pueblo de bueyes.

Un caso de violencia sin límites es la biografía reciente de Blesa, que mientras hundía Caja Madrid se subía el sueldo y estafaba a los pequeños ahorradores

jueves, 6 de marzo de 2014

Avance; Elecciones Municipales. Asturias.



Reparto del trabajo?
¿Por qué una persona, a partir de los 50 años de edad, no tiene posibilidad, si está en el paro, de encontrar un trabajo? Y en el caso de ser afortunado y tener trabajo, es viejo para promocionarse, viejo para que lo valoren, viejo para una mejora salarial; pero no se es viejo para trabajar más horas, para tener movilidad, para asumir responsabilidades, para adaptarse a nuevos métodos y tecnologías, para afrontar nuevos retos...
Y nuestras nuevas generaciones, muy preparadas, siguen incrementando las listas del paro o teniendo que salir de nuestro país para poder trabajar; y el que tiene la “suerte” de tener trabajo aquí, lo es con un salario bajo y los más afortunados con ayuda de sus padres, si pueden. Nos vendría bien un momento de reflexión, de sentido común y de sensatez, que falta va haciendo. Se ha rescatado la economía, según dicen, pero nos están obligando a perder la dignidad.
Me da vergüenza cada día que me levanto enterarme de que ha habido nuevos casos de corrupción. Los medios de comunicación hacen una gran labor para sacar a la luz algunos de ellos, porque me figuro que otros seguirán ocultos. Pero más vergüenza me da tener un Gobierno que nada hace por cortar esta sangría o inmundicia y una oposición que mira también para otro lado, señal de que todos pueden tener algo que callar. Y así, día a día, me encuentro en un país al que no le veo solución con políticas de este tipo. Porque deberían ser ellos, los políticos, los que sacaran por las orejas de su partido a todos los simplemente sospechosos, y su actitud es defenderlos. Hay casos esperpénticos. Y, obviamente, una total impunidad. Y gente que aún aplaude a “sus corruptos”
España está en crisis por falta de meritocracia. Al igual que en el deporte donde destacamos a nivel mundial, se debe alentar la meritocracia a nivel político y empresarial. Solo la eliminación del amiguismo y de la elección a dedo, en todos los órdenes de la empresa y la política, para quedarse así con el más capaz y mejor preparado puede sacar a nuestro sufrido país de la crisis en que está perdido. Y es que en la sociedad española han coexistido los dos platillos de la balanza: meritocracia y amiguismo. Pero en el momento actual ha degenerado tanto el amiguismo que tapa peligrosamente el buen hacer de los méritos españoles hasta el punto de la desastrosa gestión política, que no invierte suficientemente en educación ni en investigación, da la impresión de retrotraer a España culturalmente a los tiempos preconstitucionales, cumpliendo así el sueño de la ultraderecha española.
Solo un cambio radical exigido y demandado por la sociedad española puede desviar esta tendencia para que la meritocracia reine en lugar del puro amiguismo.
Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos; los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa”, escribió Miguel Hernández cuando el levantamiento del general Franco contra el legítimo Gobierno de la República. Hoy, 78 años después, en un barrio de Burgos el pueblo se rebela. El cuerpo social de este país revienta por las costuras harto de corrupción, de injusticia, de desesperanza ante la implacable radiografía: el espectro político desde la izquierda a la derecha, tocado de escándalos y abusos; el Estado de bienestar en derribo (la sanidad, la educación, la dependencia); el paro, imparable; España, malbaratada a los inversores extranjeros; y la Monarquía, supuesto garante y árbitro más allá de las contingencias sociales y políticas, afectada igualmente por la metástasis.
Los políticos, mientras tanto, tratando de ocultar con eufemismos la realidad: para hacer “sostenible” el Estado de bienestar, lo desmantelan. A la emigración de la generación mejor preparada la llaman “movilidad exterior”. Pero el pueblo, que no es tonto y siempre habló en román paladino, ha dicho basta. Ha sucedido en el barrio de Gamonal en Burgos. Atención, poderosos: este no es un pueblo de bueyes.
Tanto el PSOE como el PP «rindieron el Estado de Derecho» en materia antiterrorista, de «repartirse los nombramientos del Poder Judicial» para «asegurarse su control y, de paso, su impunidad por los casos de corrupción», y de «mantener la mastodóntica estructura del Estado» (con cargos de confianza ó l. designación) mediante el aumento de los impuestos, «algunos, ya confiscatorios».
Todo lo aquí expuesto, es la lacra de esta crisis:
Se tiene que resolver el problema de la Zalia, el plan de vías, y lo que es más urgente; TRABAJO; 
1º los cursillos de reciclaje son inútiles.
2º se tiene que prohibir totalmente los cargos de libre designación.
3º solo un asesor por partido.
4º reponer todas los puestos de trabajo de todas las administraciones; mediante concurso-oposición, incluidos los de las empresas: municipales ó estatales (del director al último operario)  YA ESTA BIEN QUE SOLO LOS QUE TIENEN CARNET DEL PARTIDO ENCUENTREN TRABAJO.
5º limitar el salario de los alcaldes a 1.500 €, y los concejales un 10% menos.
6º eliminación de subvenciones  a los partidos, sindicatos, patronal, y las fundaciones de ellos.
7º reforma de la constitución,  ley financiación de los partidos y electoral.
8º los cargos electos no cobraran ni un céntimo mas, por ninguna función en las empresas municipales, ni por su participación como consejeros, o cualquier otro trabajo que este implícito con su cargo.
9º todo el importe que resulte de estos cambios se invertirá en empleo.
10º contratación indefinida, en los puestos que no sean de funcionarios, esto  crea equilibrio social y de futuro.
Fernando García.

    Secretario-Asturias   MACPD-  movimiento alternativo ciudadano partido democrático.