Medidas para la Independencia y Transparencia de la Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción no debe convertirse en un organismo que garantice la protección de los criminales. Es de sentido común que este organismo no puede defender a presuntos corruptos porque, en definitiva, cualquier imputado o posible imputado de los que está siendo ahora mismo defendido por la Fiscalía, cuenta con sobrados medios para defenderse, tanto legales como económicos. Así, que si esto está sucediendo, se hace evidente que hay una intención clara por corromper al organismo que debería perseguir a estos presuntos delincuentes o criminales, según sea el caso.


Propuesta para la Independencia de la Fiscalía Anticorrupción

Con la intención de devolver la dignidad a la Fiscalía Anticorrupción, deben tomarse las oportunas medidas que garanticen la independencia del organismo, procurando evitar toda vinculación política. Se entiende, que la corrupción nace en el seno de los gobiernos y, por tanto, no tiene sentido que la responsabilidad de decidir quienes van a ser los responsables a cualquier nivel en la Fiscalía Anticorrupción corresponda al Gobierno y a los políticos.

Por esta razón, pensamos que es necesario garantizar la independencia de la Fiscalía Anticorrupción y que, por tanto, habría que impulsar las siguientes medidas:

1. Independencia total del gobierno y del poder judicial.

2. Puestos meritorios.

3. Elección del Fiscal General del Estado con carácter meritorio y por elección popular.

4. Requisitos para ser fiscal:

a. Independencia política y gubernamental.

b. Puesto meritorio.

c. Independencia familiar con la política, el gobierno, entidades financieras y grupos de presión.

5. La Fiscalía Anticorrupción nunca intercederá como defensa ante presuntos corruptos.

6. La Fiscalía Anticorrupción deberá garantizar el ejercicio óptimo de sus funciones como acusación.

7. Todo fiscal estará obligado a identificar sus méritos y carrera profesional a través de la web de la Fiscalía Anticorrupción, así como los informes de cada uno de los distintos procedimientos en los que interviene.

8. Todo fiscal estará obligado a mostrar sus retribuciones salariales y la declaración del IRPF.

Estas propuestas se hacen entendiendo que la corrupción es un grave problema que afecta directamente a los Derechos Humanos de un país. Por tanto estos crímenes deben considerarse como actos criminales contra la humanidad y, en concreto, contra toda la población de un país. Por esta razón, tanto la ejecución de la ley como las penas deben ser máximas porque, entre otras cosas, la prosperidad del país depende en gran medida de la salud económica del mismo y la legitimidad de su gobierno.

Conclusiones

La Fiscalía Anticorrupción está para acusar en nombre del pueblo, se gestiona con fondos públicos del pueblo y se debe sólo al pueblo. Por tanto, es muy grave que con fondos públicos se estén defendiendo a las personas que presuntamente han estado robando a todo el país.


Tampoco se puede tolerar que la Fiscalía Anticorrupción adopte la postura de abogado defensor cuando apenas se contempla una posible imputación. Esto, da a entender que la Fiscalía no va a actuar con la suficiente diligencia durante el proceso judicial, deslegitima al organismo y pervierte el sentido mismo de la independencia de la justicia. En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción nunca debería adoptar la postura del abogado defensor.

Lo más grave de este asunto es que la Fiscalía Anticorrupción posiblemente esté incurriendo en un delito de prevaricación al dictaminar resoluciones injustas para la ciudadanía, al defender a presuntos corruptos, al incumplir sus deberes públicos y al abusar del poder de su posición. Y estos abusos, no se producen sólo por la defensa de los presuntos corruptos, sino por el hostigamiento al que tiene sometidos a los jueces que intentan hacer su trabajo, incluso retirándolos de sus funciones.

Negar la evidencia del paro, del empobrecimiento y de la precariedad sólo puede generar más irritación.

Es evidente que el Gobierno trata de enredar a los ciudadanos con cifras y datos que no se corresponden con la realidad, en su intento desesperado de vender una recuperación económica que sólo parece haberse asomado a la cuenta corriente de esos 20 españoles más ricos que igualan los ingresos del 20% de la población más pobre, según el informe de Oxfam conocido esta semana. A qué, si no, puede responder el empeño en manejar a su antojo los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que depende, por cierto, de ese "magnífico ministro de Hacienda" (Rajoy dixit) llamado Cristóbal Montoro.

Desde los altavoces gubernamentales se insistía este jueves en que el paro descendió en 69.000 personas en 2013, cuando la realidad que recoge la EPA es mucho más triste, porque en esos últimos 12 meses se destruyeron 198.900 puestos de trabajo y la población activa –la que conforman los mayores de 16 años en condiciones de trabajar– disminuyó en 267.900 personas, que son aquellas que han desistido de buscar empleo, han emigrado o eran inmigrantes que han regresado a sus países. Algo que ocurre cinco años después de que empezara la crisis y cuando parece que ya no debería quedar más empleo por destruir.

El empeño en contradecir la realidad no es nuevo. Hay ejemplos múltiples. Montoro asegurando que los salarios no bajan en España sino que suben moderadamente, por citar alguno. Pero la mayoría de las afirmaciones engañosas tienen relación con el paro. Sin ir más lejos, hace menos de dos meses, el 27 de noviembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró en el Congreso de los Diputados que "este año ya no se ha destruido empleo". Una afirmación que la EPA desmiente.

Y un día tras otro se escucha a representantes del Ejecutivo decir con su lengua de madera que el paro baja, que ya se crea empleo..., como si los destinatarios de esos mensajes fueran marcianos recién llegados al planeta Tierra y no la sociedad española que acoge en su seno a casi seis millones de parados, muchos de ellos ya sin subsidio, y a otros tantos o más millones de personas que aún tienen trabajo, pero sufren la precariedad laboral y las rebajas salariales.

Se ve que el Gobierno tiene mucho interés en convencer a los ciudadanos de que la cosa va bien. Para que recuperen la confianza, dicen ellos, aunque más bien parece que el objetivo es recuperar votos ante las citas electorales inminentes. No se entiende, sin embargo, que ningún asesor áulico les explique que insistir en mensajes que se dan de bruces con la realidad cotidiana de los españoles acabará volviéndose en su contra. Que negar la evidencia del paro, del empobrecimiento y de la precariedad sólo puede generar más irritación. Porque nadie parece otear en el horizonte una recuperación sólida, que aporte estabilidad laboral y económica a los ciudadanos, con empleos bien remunerados y no de contratos basura, y que contribuya a reducir la desigualdad entre ricos y pobres con políticas de redistribución de la riqueza.

Más allá de la pobreza

La desigualdad corroe el proyecto europeo. Así rezaba un artículo publicado hace unos dias, refiriéndose a la abrumadora evidencia sobre la creciente desigualdad en Europa. Puede que a estas alturas los datos sobre la brecha económica entre individuos y países no sorprendan a nadie. Los efectos de la crisis sobre la distancia entre ricos y pobres son tan palmarios en las estadísticas como lo son en la realidad de cualquier ciudadano que pise la calle. El empobrecimiento es la primera y más directa consecuencia de la desigual distribución de las cargas impuestas por las políticas de austeridad. Pero, ¿qué consecuencias se derivan de la desigualdad, más allá de la pobreza?

El principal temor al que se suele asociar la desigualdad es el del auge de los populismos. El argumento es que la frustración de los ciudadanos por su incapacidad para cambiar el rumbo de las políticas y por los abusos del poder económico puede derivar en una radicalización de sus apoyos políticos. Sin embargo, junto con los posibles estallidos de una ciudadanía impotente, quizás el riesgo más profundo y corrosivo de la desigualdad se encuentra en la ruptura de la cohesión en la que se sustenta la convivencia social. Una sociedad con amplias desigualdades está altamente incapacitada para alcanzar un acuerdo básico sobre derechos y deberes.

La empatía o capacidad para comprender o simpatizar con la posición del otro es un pilar fundamental de la convivencia social. No es algo nuevo. Cuando los atenienses de la antigua Grecia decidieron que los puestos de responsabilidad política rotarían entre los que tenían la condición de ciudadanos, lo hicieron pensando en prevenir los excesos de quienes gobernaban. Aquellos que tomaban el poder durante un tiempo sabían que poco después dejarían de ser gobernantes y pasarían a ser gobernados, lo que reducía los incentivos para el oportunismo entre los políticos de turno. Ponerse en la piel de quien tenía que someterse al poder les predisponía a tomar decisiones más justas.

La misma lógica empática —la de pensarse en otra posición social— es el ejercicio que subyace en conocidas teorías sobre la justicia. Si desconociésemos en qué lugar de la sociedad nos va a tocar vivir y pudiéramos imaginarnos más o menos ricos, mejor o peor dotados de inteligencia o más o menos beneficiados de un entorno favorable, entonces estaríamos en mejores condiciones para elegir los principios de justicia que deben regir una sociedad. Interiorizar la incertidumbre sobre nuestro destino social nos llevaría a escoger un conjunto de obligaciones y derechos más justo y aceptable por todos.

La cohesión social es mayor en los países del norte de Europa porque hay menos desigualdad

La desigualdad, por tanto, erosiona la empatía que alimenta la convivencia social. Cuanto más distintos somos, más difícil será pensarnos en la condición de los otros y encontrar intereses comunes. Y, más importante, menos predispuestos estaremos a someternos a las decisiones de quienes creemos que nada tienen que ver con nosotros.

¿Por dónde puede comenzar a abrirse esa brecha? Es posible que la desconfianza se intensifique primero entre los grupos de ciudadanos que menos tienen, que son los que muestran habitualmente niveles más altos de desafección, para acabar extendiéndose entre los más ricos. El principal sustento de la confianza social quedaría relegado a una cada vez más exigua clase media. Según la última Encuesta Social Europea, esa es la radiografía social en algunos países donde se combinan niveles muy bajos de confianza social y desigualdad. En Portugal, Chipre, Rusia, Eslovaquia o Bulgaria la relación entre ingresos y confianza social tiene forma de U invertida. Quienes menos confían en la buena voluntad de sus conciudadanos son, sobre todo, los grupos más pobres. Sin embargo, a diferencia de otros países, esa valoración no mejora linealmente con los ingresos, pues la confianza tiende a caer ligeramente entre los grupos con ingresos más altos. Cuanto más distinta es una sociedad, menos abundantes son las valoraciones positivas del prójimo, especialmente entre quienes menos se parecen entre sí: los polos extremos de la distribución de ingresos.

Lo contrario ocurre en las sociedades más igualitarias. Los ciudadanos de los países nórdicos son los que muestran valoraciones más positivas sobre cuánta justicia, buena fe o ayuda puede esperarse de los demás. En estos países la distancia entre los que tienen mucho y los que tienen poco es menor, lo que fomenta la percepción del otro como un igual. Seguramente ello explica que las opiniones sobre el prójimo sean muy similares entre los distintos grupos sociales, lo que a su vez indica un alto nivel de cohesión social.

En definitiva, es bien cierto que la desigualdad corroe el proyecto europeo. Pero eso solo nos muestra una parte del lastre al que Europa está condenándose. A los países en el furgón de cola se les imponen, además, dos castigos adicionales: el más inmediato y visible, el empobrecimiento de la mayoría de la población. Y el más corrosivo, lento y de largo plazo: el de su creciente incapacitación para llegar a amplios acuerdos sobre el conjunto de normas que debe regular la convivencia social.

MACPD-BUSCA FINANCIACIÓN INCLUSO MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS:

NUESTRO PARTIDO BUSCA FINANCIACIÓN INCLUSO MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS:

Dear Mr..., my name is Francisco. I am President of a new political party called Alternative Spanish Citizens Movement Democratic Party (macPD). No detours will say we need funding. We want to alleviate the miserable economic and political situation of our country, alleviate their corruption and promote economic recovery. We have original ideas based on the reconstruction of the country, performing works of renovation, promote cultural tourism in Spain and create the first science city exclusively for investment and development, progress in creating patent cure incurable diseases, space race, etc.. For all this we need funding. Affectively, Francisco Granados Romero. President of macPD. www.macpd.es

Estimado Sr..., mi nombre es Francisco. Soy Presidente de un nuevo partido político español llamado Movimiento Alternativo Ciudadano Partido Democrático (macPD). Sin dar rodeos le digo que necesitamos financiación. Queremos paliar la desgraciada situación económica y política de nuestro país, paliar su corrupción y promover su recuperación económica. Tenemos ideas originales basadas en la reconstrucción del país, la realización de obras de rehabilitación de viviendas, promover el turismo cultural y crear en España la primera ciudad científica destinada exclusivamente a la inversión y desarrollo, a los avances en la creación de patentes, cura de las enfermedades incurables, carrera espacial, etc. Para todo ello necesitamos financiación. Afectivamente, Francisco Granados Romero. Presidente del macPD. www.macpd.es

+miagar jorge