La creciente fractura política.

Parece que últimamente los españoles no salimos muy bien parados en los rankingsy en los estudios.

El índice de percepción de la corrupción (CPI) de Transparencia Internacional indica que España baja seis puntos con respecto al año pasado. Nos situamos en los 50 puntos (sobre 100). Somos el segundo país que más desciende, después de Siria, nación gobernada por un dictador y que se desangra en una guerra civil.

Casos como el escándalo Nóos que afecta a la Monarquía española y que, se mire por donde se mire, es increíble; la trama Gürtel, que vincula a empresarios y políticos en una trama de regalos, dinero y adjudicaciones; los papeles de Bárcenas, con la supuesta contabilidad B del partido en el Gobierno; el escándalo de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras con los ERE, etcétera, demuestran la pérdida de valores de la sociedad española que se refleja en las actitudes y en el comportamiento, en el “todo vale” y en el “cuanto más mejor” que, en mi opinión, es más notable y mucho más sangrante cuando afecta a personas públicas e instituciones. Nos lastran hasta ser el hazmerreír de Europa.

Nuestros gobernantes intentan relanzar la Marca España con acciones de relaciones públicas, tomando como modelos a personajes ilustres y deportistas de élite. Mejor si, entre todos, impulsaran una ley de transparencia que dote de mecanismos de control para sacar a la luz los aumentos desmedidos de patrimonio, regalos, sobresueldos, contabilidades B y amiguismos. Excesos que no nos podemos permitir, que nos afectan y que a la larga pagamos todos

   La incapacidad de reformar la Constitución para adaptarla a los desafíos políticos que se han abierto en los últimos años. Porque si exceptuamos al Gobierno y sus portavoces oficiales u oficiosos, lo cierto es que hay un consenso creciente sobre la necesidad de reformar la Constitución. Y ello no tanto por lo que se refiere a la cuestión sucesoria como por todo cuanto respecta a la distribución territorial del poder. Aquí la clave reside en la injusticia que perciben los catalanes al advertir que se les niegan los privilegios forales que detentan vascos y navarros sin mejores derechos que ellos. Y relacionada con la cuestión territorial está la necesidad de reformar el sistema electoral, que distorsiona la representación proporcional privilegiando el bipartidismo mayoritario en las provincias menos pobladas.