La Fiscalía Anticorrupción no debe convertirse en un
organismo que garantice la protección de los criminales. Es de sentido común que
este organismo no puede defender a presuntos corruptos porque, en definitiva,
cualquier imputado o posible imputado de los que está siendo ahora mismo
defendido por la Fiscalía, cuenta con sobrados medios para defenderse, tanto
legales como económicos. Así, que si esto está sucediendo, se hace evidente que
hay una intención clara por corromper al organismo que debería perseguir a estos
presuntos delincuentes o criminales, según sea el caso.
Propuesta para la Independencia de la Fiscalía
Anticorrupción
Con la intención de devolver la dignidad a la Fiscalía
Anticorrupción, deben tomarse las oportunas medidas que garanticen la
independencia del organismo, procurando evitar toda vinculación política. Se
entiende, que la corrupción nace en el seno de los gobiernos y, por tanto, no
tiene sentido que la responsabilidad de decidir quienes van a ser los
responsables a cualquier nivel en la Fiscalía Anticorrupción corresponda al
Gobierno y a los políticos.
Por esta razón, pensamos que es necesario garantizar la
independencia de la Fiscalía Anticorrupción y que, por tanto, habría que
impulsar las siguientes medidas:
1. Independencia total del gobierno y del poder judicial.
2. Puestos meritorios.
3. Elección del Fiscal General del Estado con carácter
meritorio y por elección popular.
4. Requisitos para ser fiscal:
a. Independencia política y gubernamental.
b. Puesto meritorio.
c. Independencia familiar con la política, el gobierno,
entidades financieras y grupos de presión.
5. La Fiscalía Anticorrupción nunca intercederá como defensa
ante presuntos corruptos.
6. La Fiscalía Anticorrupción deberá garantizar el ejercicio
óptimo de sus funciones como acusación.
7. Todo fiscal estará obligado a identificar sus méritos y
carrera profesional a través de la web de la Fiscalía Anticorrupción, así como
los informes de cada uno de los distintos procedimientos en los que
interviene.
8. Todo fiscal estará obligado a mostrar sus retribuciones
salariales y la declaración del IRPF.
Estas propuestas se hacen entendiendo que la corrupción es un
grave problema que afecta directamente a los Derechos Humanos de un país. Por
tanto estos crímenes deben considerarse como actos criminales contra la
humanidad y, en concreto, contra toda la población de un país. Por esta razón,
tanto la ejecución de la ley como las penas deben ser máximas porque, entre
otras cosas, la prosperidad del país depende en gran medida de la salud
económica del mismo y la legitimidad de su gobierno.
Conclusiones
La
Fiscalía Anticorrupción está para acusar en nombre del pueblo, se gestiona con
fondos públicos del pueblo y se debe sólo al pueblo. Por tanto, es muy grave que
con fondos públicos se estén defendiendo a las personas que presuntamente han
estado robando a todo el país.
Tampoco
se puede tolerar que la Fiscalía Anticorrupción adopte la postura de abogado
defensor cuando apenas se contempla una posible imputación. Esto, da a entender
que la Fiscalía no va a actuar con la suficiente diligencia durante el proceso
judicial, deslegitima al organismo y pervierte el sentido mismo de la
independencia de la justicia. En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción
nunca debería adoptar la postura del abogado defensor.
Lo más
grave de este asunto es que la Fiscalía Anticorrupción posiblemente esté
incurriendo en un delito de prevaricación al dictaminar resoluciones injustas
para la ciudadanía, al defender a presuntos corruptos, al incumplir sus deberes
públicos y al abusar del poder de su posición. Y estos abusos, no se producen
sólo por la defensa de los presuntos corruptos, sino por el hostigamiento al que
tiene sometidos a los jueces que intentan hacer su trabajo, incluso retirándolos
de sus funciones.
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