Son abrumadores los datos que sugieren que España se encamina hacia
un fin de ciclo político. Nunca como ahora se había dado una percepción
tan altamente extendida de desafección política, a consecuencia de la
gestión de la crisis y del desánimo que provoca la reiteración de
episodios de corrupción. Es por ello que PP y PSOE están experimentando
significativas y quizás irreversibles pérdidas electorales, a decir de
algunas encuestas, además de que, sin llegar al extremo de otros países
europeos donde, por idénticos motivos reverdece el populismo, la
xenofobia o el nihilismo, emergen opciones políticas de nuevo cuño.
Asistimos, pues, a una insólita crisis de legitimidad de las
instituciones políticas y representativas.
Pero nos equivocaríamos si pensásemos que la desazón que ha provocado
la crisis tiene su origen exclusivamente en la falta de pericia de
nuestros gobernantes o en las reformas estructurales y dolorosas medidas
antisociales propias del recetario neoliberal imperante. Porque, más
allá de eso están los déficits democráticos y el obscurantismo de
nuestro modelo de gobernanza económica ejecutado, por un lado, por una
troika
de rostro desconocido, una élite de tecnócratas que ostenta una
hegemonía tal que le permite hacer y deshacer a su antojo, forzando
cambios de Gobierno en Grecia e Italia, impidiendo referendos en Grecia o
imponiendo reformas constitucionales en España. Y, por otro, por un
Ejecutivo español que gobierna a golpe de decreto ley y anula a diario
el poder legislativo, con la complicidad de un TC cuyas extemporáneas
resoluciones llegan cuando se han materializado sus efectos y que se
muestra en exceso deferente a la hora de interpretar la concurrencia de
supuestas causas de urgencia y necesidad.
Por otra parte, como se ha dicho, no hay duda que la ética pública
pasa por el peor momento en democracia. Los escándalos de corrupción no
sólo están adquiriendo una gran relevancia mediática, sino que están
contribuyendo a erosionar la credibilidad del sistema político y, en
general, de la res pública. La mayoría de episodios conocidos
constituyen fenómenos insidiosos que suponen expolio del patrimonio
público: se basan en el ofrecimiento y la recepción de sobornos a cambio
de contraprestaciones; en el despilfarro y la mala asignación de fondos
y gastos públicos; en el tráfico de influencias; y otras transgresiones
graves como la financiación ilegal de partidos políticos. Pero resulta
tan dañino para la imagen de los partidos y de las instituciones estos
hechos como su aparente impunidad vía indulto, beneficios como el
aforamiento o el limbo penal de la financiación irregular de partidos.
Por ello, aunque es plausible, como afirmaba Paloma Biglino en estas
mismas páginas, que sea dudoso plantear estos casos como un problema de
la democracia, teniendo en cuenta que cualquier cargo público puede caer
en conductas ilícitas, y que deben proponerse medidas de
robustecimiento de nuestro ordenamiento jurídico, no es menos cierto que
la causa eficiente de la corrupción, percibida como un ataque a los
fundamentos que rigen la convivencia social, como una gravísima
contravención de las reglas éticas y jurídicas que genera por su
recurrencia una sensación insufrible de que la política es el arte del
engaño, no se halla no sólo en la avidez de unos cuantos políticos o
funcionarios sino también en la tupida red de búsqueda de favores
indebidos que supone el coste exponencial de las campañas electorales y
de la actividad cada día más onerosa de los partidos políticos, además
de los mecanismos que estos proveen para garantizarse la impunidad en
muchos casos.
Las élites políticas utilizan a los partidos para sus intereses
privados
En suma, como señalaba Javier Tajadura, la crisis de legitimidad del
sistema tiene mucho que ver con el funcionamiento oligárquico de los
partidos políticos, el profundo distanciamiento de los programas
partidistas de su base militante; la pérdida de ideología que originó su
organización como estructura; el diseño de estrategias de mera
competencia electoral o de simple captación de votos, que muchas veces,
ni siquiera son fieles en elecciones consecutivas; y la utilización, en
definitiva, de estas organizaciones como «puentes» al poder, para la
provisión de cargos y la obtención de prebendas, dejando de lado la
acción colectiva propia de los primeros años de la democracia.
Es ante esta realidad que no debe extrañar que muchas demandas de la
ciudadanía que no se ven satisfechas se reconduzcan a través de nuevas
expresiones políticas que abanderan la crítica al fracaso de los
partidos tradicionales (a los que se denomina “la casta”, con un término
de reminiscencias michelianas). Y que, incluso, a la lumbre de algunas
encuestas éstas estén en condiciones de disputar el Gobierno al
bipartidismo hegemónico desde 1977, pese a los fuertes resortes, como el
sistema electoral, que anclan vigorosamente el bipartidismo.
En este marco, PP y PSOE acordaron inicialmente trasladar al
Parlamento el grueso de las medidas de regeneración democrática
propuestas por el Gobierno. Ulteriormente, ante las detenciones de la
Operación Púnica, el PSOE se apartó de dicho compromiso pretextando que
el PP quería utilizar dicho pacto para “esconderse y esconder sus
vergüenzas”. Ya se verá. Pero, por lo pronto, todas esas medidas dejaban
de lado la madre de todos los problemas: el “poder” dentro del Estado
ha recaído de forma asfixiante en manos de unos partidos que hace años
monopolizan el acceso de los individuos al Estado y la representación
del interés general. Y ese Estado de partidos es reflejo de cómo las
élites políticas utilizan a los partidos para sus intereses privados,
enmascarados como ideologías. Así lo afirmaba el estudio sobre la
integridad política institucional en España realizado por Transparencia
Internacional en 2012, para el que la clave radica en que “el marco
institucional de la democracia española prima la búsqueda de la
gobernabilidad sobre la garantía de representatividad, aunque, en la
práctica, eso no garantiza que los Gobiernos sean eficaces”. En otras
palabras: hoy por hoy, contra el signo de los nuevos tiempos, las
oligarquías dirigentes son los únicos actores de la soberanía y tienden
al control efectivo de todas las instituciones del Estado.
